El Consejo de Ministros está previsto para aprobar, este martes, los 16 programas especiales de modernización restantes que forman parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa presentado por el Gobierno en abril. Esta iniciativa supondrá una inversión extraordinaria de 10.471 millones de euros, lo que permitirá alcanzar el objetivo del 2% del PIB en defensa en el presente año.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó esta información durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado el pasado viernes. Robles recordó que el plan incluye un total de 31 programas especiales de modernización, de los cuales 15 ya han obtenido la aprobación del techo de gasto y los otros 16 recibirán el visto bueno este martes. Una vez obtenida la aprobación, se iniciará el proceso de contratación previsto para este ejercicio.
El objetivo principal de este plan es reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa española, garantizando la modernización de las Fuerzas Armadas en un entorno internacional cada vez más volátil y amenazante. La ministra insistió en que no se trata de una escalada armamentística, sino de una inversión en la seguridad y disuasión nacionales, con una clara apuesta por la industria nacional de defensa y tecnología avanzada.
La ministra destacó que el plan no se financiará con recortes en políticas sociales, sino que se utilizarán margen presupuestario, reasignaciones y créditos europeos. «Invertir en defensa es invertir en paz, democracia y seguridad», subrayó Robles, asegurando que esta inversión es plenamente compatible con el fortalecimiento del Estado del bienestar.
Del total de los 10.471 millones de euros previstos para 2025, el 35% se destinará directamente a la mejora de las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de los militares. Otro 31% se asignará a inversiones en tecnologías de telecomunicaciones, ciberseguridad, inteligencia artificial, capacidades en la nube, conectividad avanzada y satélites. Un 19% irá a la adquisición de nuevos equipos de defensa, el 17% a la mejora de las capacidades de respuesta ante emergencias y desastres naturales, y un 3% a las misiones internacionales.
En cuanto al impacto territorial y económico del plan, Robles destacó que el 89% de los recursos se ejecutarán en España, con especial incidencia en los corredores industriales ya consolidados en comunidades como Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Asturias. Se prevé que más de 6.000 millones de euros se destinen a inversiones industriales y tecnológicas, lo que beneficiará directamente a más de 300 empresas, incluidas pymes y startups, distribuidas por todo el territorio nacional.
Además, se espera que el plan genere más de 23.000 empleos directos y 60.000 indirectos solo con los programas de modernización, a los que se sumarán 10.600 empleos derivados de otros programas y 2.400 nuevos efectivos para las Fuerzas Armadas. El plan también contempla una inversión de 3.950 millones de euros en I+D+i, lo que podría suponer hasta el 18% del total de inversión en I+D de 2023.
En cuanto al contexto geopolítico, la ministra subrayó que la situación internacional exige a Europa y a España una mayor implicación en su propia seguridad. En esa línea, defendió que «el cambio en la política exterior de Estados Unidos» y el agravamiento de los conflictos en Ucrania, Oriente Próximo y el Sahel obligan a que Europa asuma más responsabilidades. «Este cambio ha puesto de relieve la urgencia de que los europeos asumamos una responsabilidad proactiva en el ámbito de la seguridad y la defensa», dijo.
En este marco, Robles aludió al Libro Blanco sobre la Defensa Europea y al Plan de Preparación 2030 impulsados por la Comisión Europea, que marcan el rumbo para reforzar la disuasión europea. «Europa debe cubrir sus carencias en capacidades, acelerar la transformación de su industria de defensa, desarrollar un mercado único en este ámbito y reforzar sus asociaciones estratégicas», recordó la ministra, defendiendo que España ya está alineada con esos objetivos.
Con la aprobación de los 16 últimos planes este martes, el Ejecutivo cerrará la fase inicial de despliegue del programa. El desafío ahora será acelerar los procesos de contratación y producción para cumplir con los objetivos de capacidad asumidos ante la Unión Europea y la OTAN.
