La empresa europea Airbus advirtió al Gobierno que la continuidad en España de varios programas de defensa multimillonarios y la preservación de miles de puestos de trabajo quedarían en peligro si no se autorizaba la importación de equipos militares israelíes mediante la excepción contemplada en el Real Decreto 10/2025, que impuso en septiembre un embargo total a la compraventa de armas con Israel, según fuentes gubernamentales.
El Ministerio de Defensa, que lidera la “desconexión tecnológica” con Israel, se opuso inicialmente a que el Gobierno de Benjamin Netanyahu aprobara excepciones al embargo en respuesta al conflicto en Gaza. Sin embargo, fue la Oficina de la Presidencia, tras un informe favorable de la Junta Interministerial de Control del Comercio de Material Militar (JIMDDU), la que remitió la solicitud de Airbus al Consejo de Ministros, que la aprobó el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Conforme al propio decreto, el Gobierno deberá comparecer ante el Congreso, una vez reanudada la actividad parlamentaria, para explicar las razones, el alcance de la medida y la aplicación del veto al comercio militar con Israel en sus primeros meses.
La excepción al embargo afecta a cuatro programas de Airbus: el avión de transporte militar A400M, el avión de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, el avión de vigilancia y patrulla marítima C295 y el dron táctico SIRTAP. La mayor parte de estas aeronaves se ensamblan en las plantas de San Pablo (Sevilla) y Getafe (Madrid), aunque incorporan componentes fabricados en otras instalaciones europeas y equipos de terceros países solicitados por los clientes.
En el caso del A400M, Airbus ha adquirido a Elbit Systems (Israel) el sistema de protección DIRCM por 260 millones de dólares, que permite detectar y neutralizar misiles antiaéreos guiados por láser. Ese mismo equipo se instalará en nueve aviones cisterna de Canadá (cuatro nuevos y cinco en servicio) y en nueve A330 MRTT de la flota multinacional gestionada por la OTAN, compuesta por Alemania, República Checa, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega.
El sistema de contramedidas de Elbit también ha sido probado con éxito en el C295, del que el Ejército del Aire y del Espacio ha adquirido recientemente 18 unidades por 1.560 millones de euros, completando una flota de medio centenar de aparatos. Además, la Fuerza Aérea española ha seleccionado el radar de Elta System, filial de Israel Aircraft Industries (IAI), para equipar sus 16 C295 de vigilancia y patrulla marítima adquiridos en 2023 por 1.655 millones de euros. Sustituir ese radar por otro modelo retrasaría la entrega de un sistema que debe reemplazar al P‑3 Orion, ya retirado, y al CN235 Vigma, cuya vida operativa está al final, creando un vacío en una capacidad considerada crítica.
El dron táctico SIRTAP, desarrollado conjuntamente por España y Colombia, también está contemplado en la excepción; deberá sustituir a sistemas israelíes que actualmente operan en ambos ejércitos.
Según fuentes industriales, si el Gobierno no autoriza la importación de estos equipos israelíes, Airbus no podría completar el ensamblaje final en territorio español, ya que tendría que enviar las piezas a otra factoría europea para su integración antes de la entrega. En la breve justificación del Consejo de Ministros del 23 de diciembre se señaló que los cuatro programas (A400M, A330 MRTT, C295 y SIRTAP) poseen “un gran potencial industrial y exportador” y que la imposibilidad de importar los equipos israelíes, sin alternativas inmediatas con garantías, “ponía en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España”.
Para atender esa situación, el Gobierno activó la disposición adicional primera del real decreto, que permite levantar excepcionalmente el veto al comercio militar con Israel cuando su aplicación “suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales”. Se argumentó que la posible pérdida de estos programas tendría un “impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal magnitud que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales”.
A diferencia de los proyectos de Airbus, el Ministerio de Defensa no ha recurrido a la cláusula de excepción para otros programas destinados a las Fuerzas Armadas españolas, como el lanzamisiles de largo alcance SILAM, el misil antitanque Spike o el vehículo de combate 8×8 Dragón. Tras la cancelación de un contrato de 697 millones de euros para adquirir el SILAM con tecnología del sistema Plus de Elbit Systems, las empresas Escribano y Expal (propiedad de la germana Rheinmetall) están trabajando en una alternativa tecnológica viable, aunque con retraso inevitable. Actualmente no existe sustituto para el Spike LR2 de la israelí Rafael, del que se pretendía comprar 1.680 misiles por 287,5 millones de euros. En cuanto al vehículo 8×8 Dragón, su diseño original incorpora varios sistemas de origen israelí (blindaje, misil antitanque, alertador láser y sistema de protección activa); sin embargo, fuentes de Defensa consideran que será posible reemplazarlos antes de que la plataforma esté plenamente operativa, pese al significativo retraso acumulado en el programa.
