El Gobierno cierra el año 2025 enviando un nuevo mensaje de compromiso con la OTAN y la seguridad de la Unión Europea. El Consejo de Ministros, reunido el 23 de diciembre, aprobó una inversión superior a 2.000 millones de euros en gasto militar, sin difundirla públicamente para no incomodar al socio minoritario de la coalición ni agravar la tensión con la mayoría de los grupos del bloque de investidura, particularmente en la delicada cuestión del gasto en Defensa, sensible para la izquierda. La partida multimillonaria se destinará a la adquisición de vehículos de transporte táctico, a mejoras logísticas en arsenales y en la base naval de Rota (Cádiz), al programa de submarinos de la serie S‑80, al desarrollo, en la provincia de Zamora, de uno de los principales cuarteles del Ejército de Tierra y a la ayuda a la defensa de Ucrania.
En relación con la OTAN, Pedro Sánchez ha mantenido una postura firme al negarse, a diferencia de otros aliados, a incrementar el gasto militar hasta el 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2035, como exigía el presidente estadounidense Donald Trump. La OTAN calculó en agosto que España ya destinaba el 2 % del PIB comprometido por el Gobierno y que cumpliría ese objetivo en el último cuatrimestre del año, lo que requeriría una inversión de 10.471 millones para alcanzar un total de 33.123 millones. La víspera de Nochebuena, el Ejecutivo aprobó 1.900 millones para Defensa y una contribución voluntaria de 100 millones a la OTAN para reforzar las “capacidades defensivas” de Kiev. En noviembre, Sánchez anunció, en una comparecencia conjunta con Volodímir Zelenski en La Moncloa, que España destinaría 817 millones en apoyo a Ucrania, incluidos 100 millones para la compra “urgente y acelerada” de armamento estadounidense, fundamentalmente misiles antiaéreos destinados a proteger las infraestructuras energéticas de los bombardeos rusos, a través de la OTAN.
Margarita Robles, Ministra de Defensa, declaró en “La Hora de la 1” de TVE que “España es un socio fiable y uno de los países que más cumple en el ámbito de la Alianza Atlántica. Cuando llegamos al Gobierno, nuestras Fuerzas Armadas carecían prácticamente de todo; la inversión en Defensa era del 0,9 % del PIB. Hemos hecho un esfuerzo cumpliendo los compromisos alcanzados en Gales (2014). No se trata de porcentajes, sino de capacidades, y esas capacidades las poseemos y las ponemos al servicio de la Alianza Atlántica”.
Más de la mitad de los 2.001,2 millones aprobados corresponde a la adquisición de camiones medianos y pesados de transporte táctico. El acuerdo marco, con un valor de 1.041 millones, tendrá una duración de cuatro años, con la posibilidad de prórroga de dos años, y tiene por objetivo “completar y mejorar” la cobertura con este tipo de vehículos, renovando la flota para que las Fuerzas Armadas puedan operar en todo tipo de entornos y participar en estructuras multinacionales que aseguren la protección de la población, el control del territorio y de los recursos.
La siguiente partida más cuantiosa es la modificación de la orden de ejecución para la construcción de cuatro submarinos de la serie S‑80, cuyo valor estimado asciende a 432 millones. El Gobierno argumenta que es necesario para lograr una “configuración adecuada” de los sumergibles, adquirir repuestos y atender la gestión de obsolescencias detectadas en los distintos sistemas e instalaciones de los buques. Un error de diseño que provocó un sobrepeso de 125 toneladas, que amenazaba la flotabilidad, y la ruptura inicial de la colaboración entre Navantia y la francesa DCNS, han generado retrasos y sobrecostes milmillonarios en un programa que hasta la fecha ha costado cerca de 4.000 millones de euros. Se prevé que los tubos de última generación, que, según Defensa, conferirán a España “independencia estratégica”, se entreguen en 2026, 2028 y 2030.
La ciberseguridad recibirá otros 353,5 millones. El acuerdo marco para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, aprobado por el Gobierno, contempla la consolidación de la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, “mediante el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta” a ciberataques. Esta inversión responde a los requisitos de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y de las organizaciones internacionales de las que España forma parte. El contrato tendrá una duración de tres años a partir de junio de 2026, prorrogable un ejercicio adicional.
En la base naval de Rota —donde Estados Unidos mantiene desplegados cinco destructores antimisiles clave para la defensa europea contra la amenaza rusa— se construirán nuevos depósitos y conducciones de combustible, con un coste de 32,4 millones y una duración estimada de 20 meses. El Gobierno justifica este proyecto por criterios de “interés público, defensa nacional y soberanía energética”, con el objetivo de garantizar la operatividad de la nueva clase de fragatas F‑110 y dotar a la Armada de un “sistema nacional, robusto y seguro de suministro de combustible estratégico”. En septiembre se botó la primera fragata de combate de clase F‑110, una de las cinco que Navantia deberá entregar a la Armada española hasta 2030.
Asimismo, se ha adjudicado un contrato de dos años, prorrogable por otros dos, por 28,5 millones, para la asistencia técnica en la gestión del apoyo logístico al aprovisionamiento de los arsenales de la Armada y en la jefatura de servicios generales en Madrid. El objetivo es dotar a la fuerza naval de un servicio externo de apoyo técnico especializado que “complemente las capacidades propias”, garantice la continuidad de las operaciones logísticas y “asegure la calidad y fiabilidad de la información gestionada”.
Por último, la segunda fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora), con una dotación de 13,9 millones, representa un gesto hacia la “España vaciada”. Con este proyecto se pretende fijar población en una de las provincias más afectadas por la despoblación. El cuartel, que albergará a unos 1.400 militares del Ejército de Tierra, se espera que esté operativo en 2027. La obra incluye la creación de la red viaria interior y explanadas, con firme, pavimentos y drenaje, la instalación de las acometidas de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas, así como las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, y diversas obras complementarias de fábrica (muros, bordillos, cunetas, arquetas y red contra incendios).
