Agentes de la Policía Nacional se presentaron este lunes en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para requerir documentación a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que investiga una presunta trama millonaria de contratos amañados denunciada por un exdirectivo de la institución.
El Ministerio de Ciencia, al que depende el centro, ha aclarado que no se trató de un registro, como informó el diario El Mundo, sino exclusivamente de una solicitud formal de información, según declaró un portavoz. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se llevaron la documentación en un disco duro, sin retirar ordenadores ni ningún otro dispositivo, confirmó el portavoz del gabinete de la ministra Diana Morant. Fuentes policiales corroboran que se trató de un requerimiento y no de un registro.
El CNIO es el principal organismo español de investigación oncológica. Un exdirectivo, despedido mediante expediente disciplinario en agosto, denunció que el exgerente del centro, Juan Arroyo, y otros empleados urdieron una supuesta red de contratos inflados y adjudicados a empresas vinculadas al propio organismo. Según sus cálculos, la desviación de fondos ascendió a unos 20 millones de euros en una década.
Arroyo dirigió el CNIO durante más de 15 años. La denuncia alerta sobre “un conjunto de patrones” en la contratación de servicios y personal a partir de 2007, cuando surgió un grupo de “empresas satélite” con el supuesto objetivo de adjudicarse todos los contratos de externalización. Entre los casos señalados, Gedosol, fundada por el exjefe de personal del CNIO, habría recibido más de 15 millones de euros; Zeus SL, creada por el exdirector técnico, facturó 5,4 millones; y Alaos ITL SL, vinculada al exdirector de compras, facturó 11 millones.
Según la denuncia, esas empresas tenían al CNIO como único cliente y ganaron prácticamente todas las licitaciones a las que se presentaron, según informes publicados por El Mundo y El País. Arroyo niega las acusaciones.
El patronato del CNIO, máximo órgano de gobierno presidido por Eva Ortega Paíno, secretaria general de investigación del Ministerio, destituyó en enero a Arroyo y a la directora del centro, María Blasco, cuya relación laboral estaba marcada por enfrentamientos. El bioinformático Raúl Rabadán, entonces de la Universidad de Columbia (EE. UU.), sustituyó a Blasco, quien había sido acusada de presunto acoso laboral y abuso de poder; ella, por su parte, asegura no haber acosado a nadie y afirma haber denunciado los supuestos irregularidades de Arroyo. El Ministerio de Ciencia ha manifestado “su absoluta colaboración con la justicia y la máxima determinación para esclarecer cualquier irregularidad que se haya producido en el CNIO”.
El centro cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 40 millones de euros, la mitad de los cuales proviene del Ministerio. La denuncia presentada a la Fiscalía, de 120 páginas, indica que la supuesta trama consistía en la externalización de servicios previamente realizados por el propio personal del CNIO, el cual estaba sometido a recortes y trabas burocráticas. Las empresas beneficiarias recibirían pagos de decenas de miles de euros por tareas que, según el denunciante, no ejecutaban. Se señalan contratos “encadenados” por 49.900 euros o 14.900 euros, valores justo por debajo de los umbrales que exigen mayor control según la Ley de Ciencia y la normativa interna de contratación del centro, como detalló hace un mes el periódico El País.
La presidenta de honor del patronato es la propia ministra de Ciencia, Diana Morant. En el órgano de gobierno también participan representantes del Ejecutivo central y de cuatro comunidades autónomas (Castilla y León, Islas Baleares, Región de Murcia y Extremadura), todas gobernadas por el Partido Popular, así como miembros de tres fundaciones privadas (BBVA, Asociación Española contra el Cáncer y Cris Contra el Cáncer).
