Una expresión inglesa, waiting for the other shoe to drop (literalmente, “esperar a que caiga el otro zapato”), alude a la irritación que produce el ruido nocturno de un vecino de arriba al quitarse un zapato. En la práctica, el verdadero malestar surge de las largas esperas que preceden a la eliminación física del objeto en cuestión.
Esta metáfora encapsula la estrategia que, según observadores, parece adoptar Estados Unidos frente a Venezuela: incrementar gradualmente la presión, enviando misiles sobre lo que alegan ser “narcolanchas” en aguas internacionales, mientras se mantiene la incertidumbre sobre si la operación se intensificará con intervenciones más firmes en territorio venezolano, algo que el chavismo teme.
El viernes, Washington reforzó esa línea al anunciar un nuevo hundimiento de una embarcación, apenas horas después de defender ante el Congreso que tal acción está justificada por tratarse de un “conflicto armado”.
El anuncio fue hecho por Peter Hegseth, secretario de Defensa—el cual prefiere la denominación “secretario de la Guerra” aprobada por Trump—, quien relató que las fuerzas estadounidenses, desplegadas en aguas internacionales del Caribe frente a Venezuela, habían abierto fuego y hundido una lancha, la cuarta en un mes, con cuatro hombres a bordo. Según Hegseth, los ocupantes eran narcotraficantes verificados por los servicios de inteligencia estadounidenses.
Trump respaldó a Hegseth a través de su cuenta habitual en la red social Truth, afirmando que la lancha hundida llevaba suficientes narcóticos para poner en riesgo la vida de 25 000 a 50 000 personas. “Un barco cargado con suficientes drogas como para matar entre 25 000 y 50 000 personas quedó impedido, a primeras horas de esta mañana fuera de la costa de Venezuela, de entrar en territorio estadounidense”, escribió el presidente, añadiendo un vídeo que muestra un proyectil impactando la embarcación y provocando su desintegración en llamas.
Al igual que en incidentes anteriores, ni el presidente ni el secretario de Defensa ofrecieron detalles precisos sobre el ataque, a excepción de publicar videos. No se reveló la nacionalidad ni identidad de los fallecidos, la organización delictiva a la que supuestamente pertenecían o el tipo exacto de droga que transportaban. Hegseth solo señaló que la embarcación pertenecía a una de las “organizaciones terroristas designadas” por el Departamento de Estado—en este caso, la banda venezolana Tren de Aragua, incluida en la lista en febrero—y que operaba en el “área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”.
La Casa Blanca sostiene que dichos golpes están justificados y son moral y legalmente legítimos. “El presidente ha dirigido esas acciones, esos golpes contra los carteles de la droga venezolanos y esos barcos, de acuerdo con la responsabilidad que tiene de proteger los intereses de Estados Unidos en el exterior, y para favorecer los intereses estadounidenses de seguridad nacional y política exterior. Esto es consecuente con su autoridad constitucional como comandante en jefe (de las Fuerzas Armadas estadounidenses) y jefe del Ejecutivo a cargo de las relaciones internacionales”, afirmó la portavoz de Donald Trump, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa el viernes.
La portavoz recordó que Trump “ha sido muy claro desde los tiempos de la campaña electoral… Prometió que iba a poner fin a la epidemia de la droga, que se ha cobrado tantas vidas estadounidenses”. “Ese tipo de medidas es lo que están viendo ocurrir casi cada día”, añadió.
El ataque ha intensificado los temores en Venezuela de que Estados Unidos podría lanzar ataques sobre su propio territorio o llevar a cabo una intervención militar limitada para combatir a los carteles de la droga, a los que se les acusa de dominar el país y de que el presidente Nicolás Maduro es uno de sus líderes.
Más aún, después de que esta semana la Casa Blanca enviara al Congreso un memorándum en el que declara estar “en guerra” con los carteles de la droga, la administración afirma que esto permite atacar a los miembros de dichas organizaciones. Las leyes estadounidenses y el Derecho Internacional prohíben que las fuerzas armadas maten deliberadamente a civiles que no participen en hostilidades contra el país, aun si cometen delitos. El memorándum, sin embargo, considera que “los integrantes de los cárteles del narcotráfico son combatientes”, al formar parte de una organización con la que Estados Unidos está “en guerra” y, por tanto, es lícito atacarlos. Este punto es rechazado por expertos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que señalan que atacar a quienes venden drogas no es equivalente a luchar contra soldados.
El pasado jueves, Tom Rogan, columnista del conservador The Washington Examiner, alimentó los temores de Caracas al afirmar que “los planificadores militares estadounidenses creen que las fuerzas desplegadas en el Caribe son ya suficientes para capturar y mantener instalaciones estratégicas clave en territorio venezolano”. Estados Unidos mantiene desplegada una flotilla que incluye destructores de la Marina, un submarino, 2 200 infantes de Marina y cazas F‑35, así como aviones militares Harrier.
El presidente Trump ya ha indicado que las operaciones en el Caribe podrían ampliarse a otras áreas. La semana pasada insinuó que, además de los ataques contra las lanchas en aguas internacionales, su administración planea castigar a los carteles “por tierra”.
Mientras la administración estadounidense aumenta la tensión y la incertidumbre en Caracas, el secretario de Defensa anunció este viernes que los ataques contra las supuestas narcolanchas continuarán. “¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, aseguró el jefe del Pentágono.
